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INFORME SOBRE EL CONFLICTO DEL CONVENIO COLECTIVO 2016

    El pasado 11 de Octubre, comparecimos en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en calidad de demandantes, junto con la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CC.OO) y la Federación de Trabajadores de Farmacia de Extremadura (FETRAFA), al acto de juicio, en el procedimiento de conflicto colectivo promovido por nuestro sindicato y las dos organizaciones sindicales a las que hemos hecho referencia mediante demanda presentada el 29 de Julio.

    Para vuestro conocimiento e información, os exponemos a continuación los hechos que fundamentan esta reclamación judicial:

    El conflicto colectivo que se promueve extiende sus efectos sobre las empresas y trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio colectivo sectorial estatal de Oficinas de Farmacia. Afecta, por tanto, a unos 66.000 trabajadores.

    El Convenio colectivo actualmente vigente en el sector estatal de oficinas de farmacia, que hace el número XXIV en dicho ámbito de negociación, extrae su texto íntegro del laudo arbitral emitido en su día a resultas del compromiso arbitral suscrito en fecha 23.12.2013 entre las partes negociadoras de dicho Convenio con base en el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), dadas las discrepancias surgidas en la negociación del mismo que conllevaron su bloqueo.

    Dicho laudo arbitral, contenedor del texto íntegro del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 112 de fecha 08.05.2014, y establecía para el mismo una vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.

    Y en su artículo 7, además de explicitarse que “La Comisión Negociadora del próximo Convenio Colectivo se constituirá de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores”, se determinaba asimismo que “La Comisión Negociadora deberá constituirse antes del 1 de julio de 2016”.

    En cumplimiento de esta última previsión, en la reunión de la Comisión Paritaria del Convenio que tuvo lugar en fecha 20.05.2016, se acordó convocar a las partes a la constitución de la Comisión Negociadora del XXV Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia para el día 24.06.2016 a las 12:00 horas, aprovechando que ese día se volvía a reunir de nuevo la propia Comisión Paritaria. Así consta en el Acta nº 21 de dicha Comisión Paritaria.

     Llegado el día 24.06.2016 y reunida de nuevo la Comisión Paritaria, no se llegó a constituir a continuación, sin embargo, la Comisión Negociadora del XXV Convenio, puesto que ya existían discrepancias sobre el grado de representatividad que la UGT trataba de arrogarse en el seno de esa futura Comisión Negociadora. Así se desprende del Acta nº 22 de la Comisión Paritaria la cual plasma, como punto 4 del orden del día, la “Valoración y modificación, si procede, de la fecha para la constitución de la Mesa Negociadora del XXV Convenio Colectivo Estatal para Oficinas de Farmacia”, expresándose a continuación que se acordaba una nueva fecha para la constitución de la Comisión Negociadora: el día 04.07.2016, a las 16:00 horas.

     No obstante ello, ese mismo día 24.06.2016, y tras la finalización de la reunión de la Comisión Paritaria, las distintas organizaciones sindicales, incluida la UGT, mantuvieron una reunión para intentar salvar diferencias en cuanto a la atribución de representantes en la futura Comisión Negociadora. Y no lográndose en ese momento ningún acuerdo, las propias organizaciones sindicales se autoconvocaron a una nueva reunión el día 29.06.2016 en la sede de UGT, la cual finalizó también sin ningún tipo de acuerdo con esta última organización sindical. De ahí la fecha de la carta de advertencia a la que a continuación nos referiremos.

    Dado que las diferencias entre las organizaciones sindicales (CC.OO, FETRAFA Y UTF) y la UGT sobre la acreditación de la representación de esta última en la futura Comisión Negociadora y, en consecuencia, sobre la atribución del número de representantes de cada organización sindical dentro del banco social, persistían, es por lo que las primeras, antes del día 04.07.2016 (fecha prevista en segunda instancia para la constitución de la Comisión Negociadora, según hemos narrado), enviaron a las dos asociaciones patronales del sector, por correo electrónico una carta de advertencia. En ella les explicaban que, ante las infructuosas reuniones mantenidas con UGT sobre dicha controversia, tampoco iba a resultar posible constituir la Comisión dicho día, y que, en caso de que, no obstante lo anterior, ésta llegara a constituirse sin la presencia de UTF, FSS-CCOO y FETRAFA –organizaciones sindicales que en el conjunto de las tres reúnen más del 50 % de la representación unitaria en el sector–, se tomarían las acciones oportunas, incluidas las judiciales.
    Ya con fecha 06.07.2016 –dos días después de la fecha prevista para la constitución de la Comisión Negociadora, y sin saber realmente lo que había ocurrido en dicha fecha, puesto que las tres organizaciones sindicalesa las que venimos haciendo referencia, tras advertir a la parte patronal en los términos expresados anteriormente, decidieron no asistir a la reunión–, ante la falta de respuesta a la carta de advertencia citada, se registra ante la Fundación SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) una solicitud de procedimiento de mediación, en búsqueda de un acuerdo con UGT sobre la atribución de representantes a la vista de la documentación acreditativa (certificados y actas) que pudiera presentar cada una de las organizaciones sindicales.

    En el acto de mediación, celebrado en la sede de la Fundación SIMA en fecha 19.07.2016, los sindicatos excluidos de la mesa negociadora, tuvieron conocimiento cierto de que, efectivamente, el día 4 se había constituido la Comisión Negociadora del XXV Convenio colectivo del sector  –bien que de manera ilegal, al no reunir la UGT, único sindicato presente en dicho acto de constitución, la mayoría representativa exigida para ello por la Ley del Estatuto de los Trabajadores–Por lo demás, frente a la propuesta de las partes solicitantes de la mediación –las mismas que promueven el conflicto colectivo– de poner todas las organizaciones sindicales encima de la mesa, en ese momento, la documentación acreditativa de su respectiva representación, el sindicato UGT se negó a ello, manifestando, incluso en las formas, el más absoluto desprecio hacia el acto de mediación convocado.

En tal sentido, se redactó el correspondiente Acta de desacuerdo,  no prosperando ni siquiera la posibilidad, propuesta por el mediador, de someter la cuestión a arbitraje, ante la actitud indisimulada de bloqueo por parte de la UGT.

    Con todo, y tras el fracaso del acto de mediación ante el SIMA, aún hicimos un último intento de reconducir la situación, dirigiendo cada uno de los tres sindicatos al día siguiente, 20.07.2016, tanto a la organización sindical UGT (la cual, según lo publicado en los medios del sector, asumió la presidencia de la Comisión negociadora ilegalmente constituida) como a la patronal FEFE (la cual, según las mismas fuentes, detenta la secretaría de la misma) sendos correos electrónicos, en los que se solicitaba tanto a unos como a otros “me comunique la fecha de la próxima reunión (de la mesa negociadora) para asistir a la misma y acreditar tanto a las organizaciones empresariales (FEFE y FENOFAR) como al sindicato UGT, la representación que ostenta mi organización y de la que se desprende el derecho a formar parte de dicha mesa negociadora, con el porcentaje que finalmente resulte, tras la acreditación de toda la representación sindical, una vez que ayer no fue posible en el acto de mediación ante el SIMA, por negarse a visualizar la documentación y rechazar la propuesta de arbitraje que realizó el mediador”.

    Con fecha 16.08.2016, las organizaciones sindicales actoras recibieron por medio de correo electrónico, una carta con el membrete de la organización empresarial FEFE y firmada por Luis María de Palacio Guerrero, Secretario de la Mesa Negociadora, por medio de la cual se venía a responder a sus solicitudes de fecha 20.07.2016.

En efecto, en dicha carta se informaba a las organizaciones sindicales actoras de la fecha, hora y lugar de la siguiente reunión de la mesa negociadora del Convenio (06.09.2016 a las 9:30 horas, en la sede de FEFE), al tiempo que se les advertía de que el asunto de la incorporación de dichas organizaciones a la citada comisión y de la representatividad de las mismas en el seno de aquélla se incorporaría al Orden del Día de dicha reunión.

    Llegado el día 06.09.2016, representantes de las tres organizaciones sindicales promotoras del conflicto colectivo acudieron a la citada reunión, en la cual se remarcó desde el principio por parte de la secretaría de la mesa, y así se hizo constar de forma reiterada en el correspondiente acta, que eran recibidos y tratados como “oyentes”, un modo de dejar claro que el mero hecho de acudir a dicha reunión no les convertía “per se” en miembros de una comisión negociadora que consideran válidamente constituida el día 04.07.2016, solamente con la única organización sindical – UGT – que entonces acudió.

A continuación, las dos organizaciones empresariales (FEFE y FENOFAR) abandonaron la mesa, dejando en ella a las cuatro organizaciones sindicales presentes en la misma – UGT más los tres sindicatos promotores del proceso judicial.

En este punto, la intención declarada de las organizaciones sindicales demandantes ante la Audiencia Nacional, de exhibir y mostrarse mutuamente – tanto ellas como UGT – la documentación acreditativa de su respectiva audiencia lectoral en el sector siempre a fecha 04.07.2016, para buscar un acuerdo sobre la proporcionalidad de la representación de todas ellas en la comisión, convalidándose de esta forma la constitución de la misma en aquella fecha tras la incorporación a ella de las tres organizaciones actoras, fue una vez más bloqueada por la UGT. De hecho, sus representantes, por una parte, se negaron tanto a mostrar documentación acreditativa de su representatividad como a ver la del resto de organizaciones sindicales a dicha fecha, y por otra parte, formularon una contrapropuesta según la cual, condicionaban la admisión de los sindicatos actores como miembros de la comisión negociadora a dos requisitos innegociables:

    1º) la aceptación por parte de estos últimos de la válida constitución de la misma en fecha 04.07.2016 solamente con UGT – lo que equivaldría, de hecho, a admitir como veraz un hecho no demostrado – y de todo punto incierto, según la documentación que adjuntamos a la demanda - : que UGT ostentase más del 50% de los representantes unitarios de los trabajadores en el sector - ; y

    2º) la aceptación incondicional, asimismo, por parte de los tres sindicatos actores, de una distribución de los representantes en el banco social de la comisión negociadora, decidida de forma unilateral y arbitraria por parte de UGT, sin ningún documento acreditativo de la misma (ya fuese certificado o acta electoral) ni tampoco admisión de documentos que la contraviniesen, concretamente en los siguientes términos: UGT, 5 representantes; UTF, 2 representantes; FSS-CCOO, 1 representante; FETRAFA, 1 representante. Por tanto, siempre mayoría absoluta – sin necesidad de documentos que la demuestren o que la contradigan – para UGT.

En estas condiciones, obviamente, hubo que dar por finalizada la reunión, levantándose la correspondiente acta de la misma, y sin haber sido admitidas, a la postre, las tres organizaciones sindicales actoras como integrantes de la comisión negociadora.

    Punto fundamental y determinante de este asunto lo constituye el hecho de que  las organizaciones sindicales UTF, FSS-CCOO y FETRAFA suman, en el conjunto de las tres, más del 50 % de la representación unitaria en el sector a fecha de la ilegal constitución de la Comisión Negociadora.

    En tal sentido, según la certificación emitida en fecha 20.07.2016 por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con datos actualizados (a 31.05.2016, salvo Cataluña, a 31.01.2016, Andalucía, a 30.04.2016, y Canarias, a 31.03.2016) de la base de elecciones sindicales de dicha Dirección General en el ámbito del Convenio de Oficinas de Farmacia, en el que consta, sobre un total de 21 representantes unitarios de los trabajadores (delegados de personal) electos en el sector, la siguiente distribución: UGT: 7 delegados; UTF (Unión de Trabajadores de Farmacia): 6 delegados; FETRAFA (Federación de Trabajadores de Farmacia): 4 delegados; CCOO: 2 delegados; Asociación de Auxiliares de Farmacia Diplomados de Barcelona y Provincia (ASATEF-BCN): 1 delegado; y ELA-STV (Confederación Sindical de Solidaridad de Trabajadores Vascos): 1 delegado.

    Por tanto, atendida solamente la certificación estatal (Dirección General de Empleo), la UGT dispondría solamente, en el mejor de los casos, de 7 delegados sobre 21, esto es, del 33,3% de la representatividad en el sector, estando el restante 66,6% repartido entre las demás organizaciones sindicales.

Y decimos en el mejor de los casos porque, como puede observarse en la última página de la certificación estatal, dos de los delegados de UGT obtuvieron tal condición representativa a resultas de elecciones sindicales celebradas más de cuatro años atrás de la fecha de la fraudulenta constitución de la comisión negociadora que ahora impugnamos, de modo que su mandato representativo habría concluido, a menos que UGT demuestre que han resultado reelegidos en un nuevo e hipotético proceso electoral. En concreto, se trata de los respectivos delegados de personal de UGT en la “Farmacia Sancho García, C.B.”, de Cádiz (elegido en fecha 05.06.2012, de modo que su mandato habría concluido en 05.06.2016) y en la “Farmacia Zarco Ríos, C.B.”, de Granada (elegido en fecha 02.07.2012, de manera que su mandato habría terminado en 02.07.2016). La razón última de que tales antiguos delegados de UGT continúen apareciendo en la certificación de la Dirección General de Empleo estriba en que, como ya quedó explicado más arriba, sus datos relativos a Andalucía están referidos a fecha 30.04.2016, fecha en la que aún no había concluido el mandato de ambos delegados. Pero la conclusión es que, de tener los datos de Andalucía actualizados, la certificación estatal únicamente habría computado a UGT 5 delegados, en lugar de 7.

No obstante lo anterior, al anterior certificado habría que añadir el resultado acreditado por los departamentos correspondientes de ciertas comunidades autónomas (algunas de ellas con convenios provinciales o interprovinciales) y por determinadas actas de escrutinio de elecciones a delegados de personal, que vienen a complementar a aquél, en el siguiente sentido:

-    CCOO acredita 3 delegados más: 2 en Alicante (acreditados mediante sendas actas de escrutinio de elecciones, de fechas 11.07.2013 y 11.02.2014 y mediante listado genérico de representatividad de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral de la Generalitat Valenciana fechado en 15.06.2016) y 1 en Andalucía (acreditado mediante certificado de la mesa electoral sobre resultado de las elecciones), que no aparece en la certificación estatal porque la elección se produjo en fecha 24.05.2016.
-    UTF (Unión de Trabajadores de Farmacia, antes CEAFAEF) detenta 7 delegados más: 5 en el ámbito territorial correspondiente a las provincias de Girona, Lleida y Tarragona (acreditados mediante certificación de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya fechada en 25.04.2016 y también mediante las correspondientes actas electorales, cuatro de ellas producidas en fecha 26.01.2015  y la quinta en fecha 20.04.2015), 1 en Alicante (acreditado mediante acta de escrutinio de elecciones, redactada en fecha 03.03.2015) y 1 más en Soria.
-    ASATEF-BCN posee 4 delegados más, todos ellos en el ámbito territorial de Barcelona (acreditados mediante las correspondientes actas de escrutinio y certificados de la mesa electoral, relativas a elecciones celebradas respectivamente en 12.12.2013, 17.12.2013, 04.04.2016  y 05.04.201–).
-    Por último, UGT, según la documentación que obra en poder de las organizaciones sindicales actoras, tendría 4 delegados más, todos ellos en Barcelona (tres de ellos elegidos en fecha 12.11.2013, según acta de escrutinio electoral y el cuarto elegido en fecha 13.11.2013, asimismo según la correspondiente acta electoral).

Por tanto, computado todo ello, arrojaría un resultado a fecha 04.07.2016, y salvo que pueda probarse documentalmente otra cosa diferente, de un total de 37 delegados de personal, a razón de la siguiente distribución:

-    UTF (Unión de Trabajadores de Farmacia, antigua CEAFAEF): 13 delegados (6 según la certificación estatal, más 7 según actas no computadas en aquél).
-    UGT: 9 delegados (5 según el certificado estatal –descontados los dos delegados que habrían finalizado su mandato, según lo explicado más arriba, salvo prueba de su reelección–, más 4 según actas no computadas en aquél).
-    CCOO: 5 delegados (2 según la certificación estatal, más 3 según actas no computadas en aquél).
-    ASATEF-BCN (organización identificada en el certificado estatal como “Asociación de Auxiliares de Farmacia Diplomados de Barcelona y Provincia”): 5 delegados (1 según la propia certificación estatal, más 4 según actas no computadas en aquél).
-    FETRAFA: 4 delegados, todos ellos recogidos en la certificación estatal.
-    ELA-STV: 1 delegado, recogido asimismo en la certificación estatal.

37 delegados, de los cuales la UGT solamente poseería 9 (u 11, en el caso de que hubieran resultado reelegidos los dos delegados de Andalucía cuyo mandato había concluido, según hemos visto), lo que dejaría a dicho sindicato con un porcentaje de representatividad en el sector del 24,3% en el primer caso, y del 29,7% en el segundo.

Ahora bien, dado que, tanto ASATEF-BCN como ELA-STV sistemáticamente no acuden a la negociación del Convenio estatal por dedicarse en exclusiva, cada una de estas organizaciones sindicales, a su respectivo ámbito territorial de negociación y consiguiente convenio colectivo (autonómico y/o provincial), ha de tomarse como número total de representantes unitarios de personal electos en el sector, al objeto de la aplicación del criterio de proporcionalidad que nos ocupa, no la cifra de 37, sino la de 31 (al restar de la primera los 5 delegados del ASATEF-BCN más el único delegado de ELA-STV). Y ello, partiendo de la base de que, aunque hubiéramos tomado la cifra de 37, el reparto proporcional de representantes entre las organizaciones sindicales concurrentes a la negociación del Convenio estatal del sector sería el mismo.

A partir de esta última premisa, y del respectivo porcentaje de representatividad de cada una de las organizaciones sindicales concurrentes a la negociación del Convenio sobre ese total de 31 delegados -UTF: 41,936 %; UGT: 29,033 %; FSS-CCOO: 16,129 %; y FETRAFA: 12,904 %-, el número de representantes en la Comisión negociadora de cada una de dichas organizaciones sería la siguiente en cada uno de los posibles casos:

    1o) Si el banco social constase de 13 puestos, UTF tendría 5 representantes, UGT tendría 4 representantes, FSS-CCOO tendría 2 representantes y FETRAFA tendría 2 representantes.

    2o) Si el banco social constase de 12 puestos, UTF tendría 5 representantes, UGT tendría 3 representantes, FSS-CCOO tendría 2 representantes y FETRAFA tendría 2 representantes.

    3o) Si el banco social constase de 11 puestos, la distribución sería la misma que la anterior: UTF tendría 5 representantes, UGT tendría 3 representantes, FSS-CCOO tendría 2 representantes y FETRAFA tendría 2 representantes.

    4o) Si el banco social constase de 10 puestos, UTF tendría 4 representantes, UGT tendría 3 representantes, FSS-CCOO tendría 2 representantes y FETRAFA tendría 1 representante.

    5o) Si el banco social constase de 9 puestos, la distribución sería la misma que la anterior: UTF tendría 4 representantes, UGT tendría 3 representantes, FSS-CCOO tendría 2 representantes y FETRAFA tendría 1 representante.

    6o) Si el banco social constase de 8 puestos, UTF tendría 4 representantes, UGT tendría 2 representantes, FSS-CCOO tendría 1 representante y FETRAFA tendría 1 representante.

    7o) Si el banco social constase de 7 puestos, UTF tendría 3 representantes, UGT tendría 2 representantes, FSS-CCOO tendría 1 representante y FETRAFA tendría 1 representante.

    8o)  Por  último,  si  el  banco  social  constase  de   6  puestos,  UTF   tendría  2 representantes, UGT tendría 2 representantes, FSS-CCOO tendría 1 representante y FETRAFA tendría 1 representante.

Esta sería, en definitiva, la composición proporcional del banco social de la comisión negociadora para cada uno de los distintos supuestos posibles.

    En definitiva, y atendiendo a la relación fáctica precedente, puesta en relación con los artículos 87.2 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, entendemos que de prosperar la demanda de conflicto colectivo planteada, se ha de obtener obtener el reconocimiento explícito de que las organizaciones sindicales CC.OO, FETRAFA y UTF, poseen legitimación inicial y plena en relación con la negociación del Convenio que nos ocupa (algo que, a día de hoy, incluso está en tela de juicio, puesto que, de hecho, se nos ha dejado fuera de la comisión negociadora ilegalmente constituida) y, sobre todo, de que la organización sindical UGT carece de legitimación plena para constituir por sí sola la comisión negociadora en representación de la parte social y, por ende, para negociar y firmar en solitario dicho Convenio, y todo ello con la atribución en el número de representantes al que hemos aludido anteriormente.

    Reconocimientos ambos que conllevarían, en justicia, la declaración de nulidad –o, en su caso, anulación– por ilegal, tanto del propio acto de constitución de la comisión negociadora del Convenio de fecha 04.07.2016, como de cualesquiera acuerdos que en la misma pudieran alcanzarse.

    Concluiremos el presente informe, refiriendo que la negativa de la representación letrada de UGT a admitir “en voce”, es decir verbalmente en el acto del juicio del día 11 de Octubre, una ampliación de la demanda tendente a la determinación del número de representantes, según las distintas posibilidades de amplitud del banco social, que hemos expuesto precedentemente, determinaron la suspensión del juicio, y la necesidad de presentación de un escrito de ampliación de la demanda, que los tres sindicatos hemos formalizado el pasado lunes día 17 de Octubre. Os informaros puntualmente de la nueva fecha de juicio y del desarrollo y resultado de éste.


    En Madrid, a 19 de Octubre de 2016.


    Fdo.- Javier Mateo Cardo